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La energía solar ya es más barata y eficiente que la energía que obtenemos de la red eléctrica. Por lo que, el desafío actual es eliminar las barreras de acceso para que la mayor cantidad de usuarios puedan ingresar al mercado de la energía solar fotovoltaica. El mercado de productos financieros en Costa Rica ha dado pasos sólidos y concretos presentándole distintas posibilidades a los usuarios para adquirir un sistema fotovoltaico. Existen además pasos fundamentales que se deben dar para asegurar que estos financiamientos verdes sigan existiendo.
La oferta de financiamientos verdes en Costa Rica ha ido madurando y está llegando a un punto altamente competitivo donde el principal favorecido es el usuario final. Los plazos se han vuelto más dinámicos extendiéndose más allá de los 10 años, las tasas han mostrado una tendencia a la baja, han aparecido tasas fijas sustituyendo las tasas variables, las primas se han ido disminuyendo hasta en algunos casos desaparecer y las garantías sobre los financiamientos desaparecieron: responde el mismo sistema de generación solar por el financiamiento.
Bajo estas condiciones, un usuario de la red energética nacional puede obtener un financiamiento que le garantice ahorros desde el primer mes de operación, con una prima baja o nula, a una tasa accesible y prendario sobre el mismo sistema. Este tipo de financiamientos les permiten a los usuarios optar por un sistema fotovoltaico y obtener ahorros energéticos sin sacrificar su capital de trabajo.
¡Costa Rica debe de avanzar en el mercado energético!
Se discuten dos instrumentos de política pública en este momento que son de vital importancia para el sector solar fotovoltaico. El primero de ellos es el nuevo decreto de MINAE, que concretará el interés del gobierno por dinamizar y hacer crecer el sector de generación distribuida. El segundo de ellos es el Proyecto 22.009 “Ley para la Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables”, que procura un rediseño del marco regulatorio bajo principios de mínima intervención, neutralidad, transparencia y protección al usuario.
Ambos permiten fortalecer el marco legal existente, enviando señales favorables a los bancos, fondos de inversión e inversionistas privados sobre la estabilidad del sector fotovoltaico. La pronta aprobación y publicación ya sea del nuevo decreto o del proyecto de ley les permitirán a los oferentes de financiamientos verdes consolidar su cartera de productos, eliminando riesgos e incertidumbres. Un marco regulatorio claro y robusto nos permite acceder a fondos más competitivos, y esto se traduce en un mayor ahorro para el usuario final.
Una reforma adicional al marco legal vigente que le permita a los proveedores y a usuarios de la energía solar entrar en contratos de compraventa de energía sería un disruptor favorable para el sector fotovoltaico. Habilitar la venta de energía entre entes privados permitiría nuevas figuras contractuales, cómo los Power Purchasing Agreements o PPAs que se ven en países con mercados energéticos maduros y desarrollados. Definitivamente, estos PPAs le permiten al usuario final pagar únicamente por la energía generada, y trasladan los riesgos operativos al proveedor del sistema, quién entonces se ve obligado a asegurar su buen funcionamiento a través de la duración del contrato: un ejemplo más de cómo un mercado abierto permite más soluciones y beneficios para los usuarios finales.
Es a través de un mercado energético más abierto y transparente que podemos lograr masificar la energía solar y asegurar que sus beneficios caigan en la mayor cantidad de manos posibles. Por el contrario, un mercado energético cerrado y con reglas fluctuantes dificulta el acceso a productos financieros modernos, y concentra los beneficios de la energía solar en manos de aquellos que puedan comprar los sistemas, causando la elitización no deseada de la única fuente energética verdaderamente democrática.
(*) Alberto Rodríguez J. Asociado de la Cámara de Generación Distribuida.
